Santiago Peña fue detenido y evacuado de urgencia a un regimiento: declara este sábado por la crisis del Ueno Bank
Tras ser destituido por el Senado, el expresidente paraguayo fue arrestado en su domicilio, pero debió ser trasladado de madrugada por las protestas de los vecinos. Se presentará ante la Fiscalía en el marco de la investigación por lesión de confianza y tráfico de influencias. Carlos Carvallo, ex titular del BCP, también se entregó a la Policía.
El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, enfrentará este sábado a las 11:00 su primera declaración indagatoria ante el Ministerio Público, en el marco de la causa que investiga el colapso financiero del Ueno Bank. Su comparecencia se da apenas horas después de haber sido apartado del cargo mediante un juicio político impulsado en el Senado, lo que derivó en su inmediata detención.
Arresto y traslado de madrugada
En un primer momento, los fiscales Christian Benítez y Silvia Franco, acompañados por efectivos de la Policía Nacional, se presentaron en el domicilio del ex jefe de Estado. Tras confirmar que el exmandatario se encontraba en la propiedad, dispusieron que quedara bajo arresto domiciliario. En ese contexto, la fiscal González declaró ante los medios: “Hemos constatado que se encuentra presente y va a cumplir con las disposiciones que sean necesarias”.
Sin embargo, el escenario cambió drásticamente durante la madrugada. Debido a la concentración de manifestantes en el barrio Mburucuyá y a los vecinos de la zona de La Piedad —quienes rechazaban la prisión domiciliaria y exigían su traslado a la cárcel de Tacumbú—, las fuerzas de seguridad determinaron que no era posible garantizar el resguardo de la vivienda. En consecuencia, mediante un fuerte operativo que incluyó tres camionetas, Peña fue evacuado de urgencia hacia el Regimiento Escolta Presidencial.
Los cargos y la situación de los implicados
La orden de captura contra el exmandatario fue emitida bajo la Resolución Fiscal N.º 7, fechada el 6 de noviembre de 2026. El expediente, caratulado como causa penal N.º 92/2026 (“Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”), indaga presuntos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. El fiscal Benítez confirmó que, tras la audiencia de este sábado, los investigadores evaluarán una posible imputación formal.
En la misma causa se encuentra involucrado el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, quien optó por ponerse a disposición de la Justicia y se entregó a última hora del viernes en la sede del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Asunción.
La estrategia de la defensa: rechazo a la prisión preventiva
Por su parte, Ricardo Preda, abogado defensor de Peña, cuestionó los motivos para un eventual encarcelamiento. El letrado relató que las autoridades se presentaron en la residencia sin una orden judicial previa, pero que fue el propio expresidente quien autorizó el ingreso de los agentes para que labraran el acta correspondiente.
Sobre la disposición de su cliente para afrontar el proceso, Preda aseguró: “Se va a someter como cualquier ciudadano”. Además, recordó que Peña ya había colaborado previamente con la investigación iniciada el año pasado a partir de los controles de la Contraloría.
El abogado indicó que hasta el momento desconoce los hechos concretos que fundamentan la acusación, limitándose a escuchar las calificaciones jurídicas preliminares de los fiscales, a las que definió como “enunciaciones abstractas”. En ese sentido, adelantó que este sábado buscará acceder a los detalles del expediente para delinear la estrategia defensiva.
Finalmente, Preda criticó el posible uso de medidas cautelares privativas de la libertad en casos de delitos patrimoniales, remarcando que el arresto preventivo debería ser una excepción aplicable solo si existe peligro de fuga o de obstrucción a la Justicia, riesgos que, según su criterio, no están presentes en esta causa. De dictarse dicha medida, consideró que funcionaría como una pena anticipada.
“Parecería más una demostración al público”, sentenció el defensor, y concluyó que tomar esa decisión procesal con el único fin de congraciarse con un sector social implicaría someter el Estado de derecho a presiones externas.