Lavado y narcotráfico: trasladaron a 5 imputados a un penal federal por presunta red liderada por Lázaro Báez
Tras una serie de operativos realizados en Río Gallegos y en un campo sobre la Ruta Provincial 53, cinco acusados quedaron alojados en la Unidad Penitenciaria Federal N° 15. La Justicia Federal investiga si el empresario dirigía desde prisión una estructura dedicada al tráfico de drogas y al manejo irregular de bienes embargados por más de $400 millones.
Cinco presuntos integrantes de una supuesta red de lavado de activos y narcotráfico, que habría sido encabezada por el empresario Lázaro Báez desde prisión, quedaron alojados de manera preventiva en la Unidad Penitenciaria Federal N° 15 de Río Gallegos. La medida se concretó este sábado alrededor de las 17 horas, luego de una serie de procedimientos efectuados en la capital de Santa Cruz y en una zona rural cercana.
De acuerdo con lo que pudo saber La Opinión Austral, los operativos desplegados durante la jornada permitieron capturar a dos sospechosos en un domicilio ubicado sobre la calle Provincias Unidas, entre Entre Ríos y Estrada. En paralelo, los efectivos llevaron a cabo una requisa sobre un automóvil en la intersección de Banciella y 20 de Julio.
Ante la hipótesis de que la organización habría gestionado una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes, las inspecciones contaron con la participación de Moira, una perra adiestrada para la búsqueda de drogas. Según versiones vinculadas al procedimiento, el animal habría marcado rastros de sustancias que ahora deberán ser analizadas por peritos para confirmar su composición.
Rastrillaje rural y camiones hallados en la Ruta 53
El despliegue de las fuerzas de seguridad provinciales y federales incluyó además un rastrillaje en un predio rural localizado a la altura del paraje Kiri Kaike, a la vera de la Ruta Provincial N° 53. En el interior de ese establecimiento, los agentes encontraron tres camiones de gran porte en estado de abandono.
Para los investigadores, el hallazgo resulta clave en dos frentes. Por un lado, se intenta determinar si esos rodados fueron empleados para el traslado de cocaína desde el norte argentino hacia Río Gallegos, una operatoria que, según el expediente, habría recurrido a vehículos de firmas de transporte al menos desde diciembre del año pasado. Por otro, se analiza si las unidades forman parte de una presunta maniobra para explotar y poner en circulación maquinaria y activos vinculados a Báez con el fin de eludir los decomisos dispuestos por la Justicia.
Traslado al penal y situación de los detenidos
Alrededor de las 17 horas, los cinco acusados ingresaron a la Unidad Penitenciaria Federal N° 15 de Río Gallegos, donde familiares se acercaron hasta las puertas del complejo para seguir el arribo de la comitiva. Previo a su alojamiento, agentes del Servicio Penitenciario acondicionaron el sector asignado y una profesional médica les practicó los exámenes clínicos habituales. Los detenidos llevaron consigo artículos personales, como colchones, mantas, alimentos y yerba.
Si bien la mayoría evitó hablar con los periodistas presentes en el lugar, uno de los imputados sostuvo antes de entrar al penal que era “inocente políticamente”. En tanto, otro de los detenidos miró hacia su madre, que esperaba afuera, y le dijo: “Perdón, mami”.
Días atrás, los cinco sospechosos habían sido citados por el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, instancia en la que se negaron a prestar declaración por recomendación de sus abogados defensores. Con estas capturas, la lista de personas privadas de la libertad en el marco de estas actuaciones incluye a Báez —detenido en el complejo de Ezeiza—, a su pareja Claudia Insaurralde, a Cristian Ibáñez —apodado “Budín”— y a Óscar Núñez, alojado en la Unidad Penitenciaria N° 2 de la capital santacruceña.
La acusación por el manejo de activos embargados
En paralelo, la Justicia Federal avanza en una pesquisa para determinar si Báez comandó desde su lugar de detención una organización destinada a administrar y explotar bienes embargados o decomisados, eludiendo la supervisión judicial. El expediente abarca operaciones financieras por más de $400 millones, además de acuerdos sobre estancias, locaciones de propiedades y la utilización de flotas de empresas pertenecientes a su grupo.
La imputación fue presentada ante el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, tras una investigación conjunta de la Unidad Fiscal local y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Durante una audiencia realizada este jueves, el fiscal Julio Zárate señaló al empresario como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.
Según la teoría del Ministerio Público Fiscal, Báez impartía órdenes desde el penal a través de un teléfono registrado a nombre del Servicio Penitenciario Federal. Antes de esta audiencia, los investigadores habían incautado documentos en un allanamiento a su celda y peritado comunicaciones que, de acuerdo con la fiscalía, reflejan instrucciones directas sobre sus bienes y sociedades.
El rol de Claudia Insaurralde y Cristian Ibáñez
La investigación apunta también contra Claudia Insaurralde y Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”, considerados por los fiscales como piezas fundamentales de la presunta estructura. Ambos fueron arrestados en el aeropuerto internacional de Ezeiza tras arribar en un vuelo desde Río Gallegos, en una situación en la que se analiza una posible maniobra de fuga.
La hipótesis fiscal indica que Insaurralde e Ibáñez se encargaban de coordinar la explotación de campos, recaudar alquileres y repartir el dinero. En las escuchas y mensajes anexados a la causa, los integrantes del grupo aludían a Báez bajo el apodo de “el tío” y a Insaurralde como “la tía”.
Contratos rurales, departamentos y camiones bajo la lupa
Entre las principales líneas investigativas figuran diversos negocios agropecuarios celebrados mediante la firma Austral Agro S.A. La fiscalía detectó un contrato de alquiler de la estancia La Entrerriana suscripto a favor de Ibáñez por un canon mensual de $2 millones, aunque registros secuestrados en la celda de Báez señalarían que el arrendatario mantenía una deuda acumulada de $12 millones.
Asimismo, se investiga un acuerdo por 7.000 ovejas en la estancia Coronel Guarumba. Según consta en la acusación, dos personas ligadas a esa operación giraron $26,2 millones a Ibáñez entre abril y octubre de 2026, dinero que luego habría sido transferido parcialmente a cuentas bancarias de Insaurralde y de Fausto Devetac, cuñado de Ibáñez.
Los representantes del Ministerio Público también pusieron la mira sobre departamentos del edificio Koonek, en Río Gallegos, cuyos derechos fueron decomisados y traspasados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De acuerdo con la imputación, Ibáñez habría efectuado consultas para averiguar quién cobraba las rentas de esos inmuebles.
Por último, el expediente analiza la utilización de vehículos pesados y maquinaria de Austral Construcciones. Uno de esos camiones fue detenido en Caleta Olivia en julio de 2025 mientras cargaba estructuras metálicas y equipos desarmados; meses más tarde, fue captado en fotografías en una propiedad vinculada a Ibáñez y finalmente incautado en inmediaciones de Guer Aike. Ibáñez, además, está procesado en otra causa por una supuesta banda dedicada al tráfico de cocaína en camiones desde diciembre de 2025, expediente que funcionó como punto de partida para descubrir la presunta red de lavado en torno a los bienes de Báez.