Soledad Castelli, otra vez en la Justicia: Ahora le prohíben acercarse a un abogado y su familia por amenazas
María Soledad Castelli vuelve a quedar en el centro de una controversia judicial. Mientras aparece involucrada en otra causa penal por presuntas estafas y amenazas, una nueva denuncia en su contra terminó con una orden judicial de restricción.
Nuevo episodio para la contadora María Soledad Castelli. Esta vez en el Palacio de Tribunales, mientras registraba su presencia en la Oficina de Control por la causa de Estafas Millonarias. Notó la presencia del abogado patrocinante del comerciante Silva, que la denunció a ella y al abogado Rodolfo Castellanos, e inmediatamente lanzó una frase: “qué olor a mierda que hay aquí, parece que se rompieron las cloacas”.
La frase tenía dos destinatarios: el abogado Gabriel Coronel Chalfón y su esposa, la abogada Macarena Barrionuevo.
Según consta en la resolución judicial, Castelli habría protagonizado un incidente en el Palacio de Tribunales, donde presuntamente increpó a los profesionales con insultos y expresiones intimidatorias.
Lo más inquietante es el contexto: Coronel Chalfón interviene como abogado querellante en otra causa penal por presuntas estafas y amenazas en la que Castelli se encuentra involucrada junto a Ramiro Petros y Rolando Castellanos. La denuncia sostiene que las intimidaciones habrían tenido como finalidad amedrentarlo para que dejara de intervenir en ese expediente.
Entre las expresiones atribuidas a Castelli figura una advertencia particularmente preocupante: “Ya se les va a acabar, no saben con quién se metieron”, “negros de mierda”.
El episodio denunciado habría ocurrido incluso en las inmediaciones de personal policial dentro del edificio judicial.
UNA NUEVA DENUNCIA Y UNA DECISIÓN CONTUNDENTE
El 6 de noviembre, la jueza de Control y Garantías Erika Casagrande Valdueza resolvió imponer a Castelli una prohibición de acercamiento de 100 metros respecto de Coronel Chalfón, Barrionuevo y su grupo familiar durante 120 días.
La medida comprende domicilios, lugares de trabajo y cualquier espacio donde se encuentren las personas protegidas. También prohíbe actos de hostigamiento, intimidación y perturbación, incluso a través de terceros o medios digitales.
El incumplimiento podría derivar en consecuencias penales por desobediencia judicial.
¿HASTA DÓNDE PUEDE LLEGAR LA INTIMIDACIÓN?
El caso adquiere una dimensión especialmente delicada porque las amenazas denunciadas no habrían surgido de una discusión circunstancial, sino de un conflicto relacionado con el ejercicio profesional de un abogado en una investigación penal.
Si se confirma que las amenazas buscaban apartar a un querellante de una causa judicial, el problema excede ampliamente una disputa personal: se trataría de un intento de condicionar el acceso a la Justicia mediante intimidaciones.
Castelli vuelve a enfrentar cuestionamientos ante la Justicia. Esta vez, la respuesta fue una restricción judicial concreta para proteger a un abogado y su familia.
Y queda una pregunta que no debería pasar inadvertida: ¿qué garantías tiene un profesional para ejercer libremente su trabajo cuando, según denuncia, las amenazas llegan hasta los propios pasillos de Tribunales?