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Préstamos millonarios y amenazas: la doble vida de un empleado municipal que aterraba a sus deudores

Un empleado municipal de La Banda, Santiago del Estero, enfrenta una grave acusación por usura y amenazas coactivas contra personas que le debían dinero. La fiscal Ximena Jerez lidera la pesquisa, que ya suma detenidos y nuevas denuncias.

El principal imputado es Roberto René Mocagata, domiciliado en el barrio Ramos Taboada. Según la investigación, ofrecía préstamos principalmente a empleados públicos, con montos millonarios y condiciones abusivas.

¿Cómo operaba la presunta usura?

De acuerdo con los expedientes incorporados en mayo, Mocagata prestaba grandes sumas con intereses desproporcionados. Por ejemplo, un deudor recibió más de un millón de pesos y debía devolver, apenas quince días después, alrededor de $850.000 solo en intereses.

Edgardo Ignacio Luna, uno de los denunciantes, logró reunir únicamente los intereses al vencimiento. Ante la imposibilidad de devolver el capital, se vio obligado a refinanciar la deuda, lo que incrementó permanentemente el monto adeudado.

Las amenazas que llevaron a la detención

Según la denuncia, el 8 de enero Mocagata envió amenazas directas a Luna, advirtiéndole que atentaría contra su integridad física y que incendiaría su vivienda si no pagaba. Incluso le dijo que estaba cerca de su domicilio.

La investigación también incorporó un audio de WhatsApp del 26 de febrero, en el que el acusado reiteraba las amenazas y exigía la devolución inmediata del dinero.

El 28 de abril, Mocagata también intimidó a Érika Soledad Peyla, su ex secretaria, para que revelara el paradero de Luna, advirtiéndole que sufriría las mismas consecuencias si se negaba. Ese mismo día, Víctor Manuel Véliz recibió comunicaciones similares.

Detenciones y nuevas pruebas

Mocagata fue detenido el 5 de mayo. La Justicia analiza si corresponde mantenerlo preso o si continuará el proceso en libertad. El acusado reconoció los préstamos, pero sostuvo que consume alcohol en exceso y que su tono agresivo se debía a eso.

El 21 de mayo, fue detenido Edgardo Domínguez, alias “Naranjín”, propietario de un local gastronómico sobre calle Coronel Rivas. La Fiscalía sospecha que colaboraba con Mocagata en las tareas de presión y cobro a los deudores.

Los investigadores ordenaron pericias sobre los teléfonos celulares del imputado y los denunciantes. Los aparatos contienen mensajes y audios que forman parte del material probatorio. Las amenazas habrían sido realizadas desde distintos números telefónicos.

Nuevos denunciantes y pedido de prisión preventiva

A medida que avanza la causa, continúan apareciendo nuevos damnificados. Una de las presentaciones más recientes corresponde a un padre de un niño con discapacidad, quien relató que recurrió a un préstamo por su delicada situación económica y luego fue víctima de insultos, presiones y amenazas.

La defensora oficial Romina Vinocur cuestionó la autenticidad de algunos audios y planteó que Peyla debería ser investigada por su posible participación en las operatorias. También destacó que su asistido nunca habría establecido intereses en los préstamos.

El juez de Control y Garantías Gino Niccolai resolvió el 26 de mayo extender la detención de Mocagata. La Fiscalía anticipó que en junio solicitará formalmente la prisión preventiva, argumentando riesgos procesales y la necesidad de asegurar el avance de la investigación.