Denuncian a otro excomisionado por desvío de más de $ 100 millones de viviendas sociales “fantasmas”
El acusado es el docente, Mario Vicente Vizgarra. El abogado denunciante proveyó el listado de las familias damnificadas. Lo acusó también de transferencias millonarias a familiares directos. Antes denunciaron a Juan Manuel Ibáñez de Brea Pozo con similares maniobras.
Un abogado amplió una denuncia en contra del excomisionado municipal de Los Pirpintos, departamento Copo, Mario Vicente Vizgarra, al atribuirle el desvío de más de $ 100.000.000 que debían ser destinados a la construcción de 10 viviendas sociales para familias carentes de recursos.
Así lo subrayó en su presentación, Lucas Cabañas, al proveer de abundante documentación al fiscal, Mauricio Abramczuck.
Sobre este complejo caso, ya hubo una primera presentación que fue elevada en diciembre del 2025 en contra del exfuncionario, quien también es docente, y que cesó en el cargo ese mes.
Entre otras maniobras, el denunciante alertó al equipo fiscal sobre “desvío de fondos, desapoderamiento de fondos públicos, transferencias a familiares directos de Vizgarra, provenientes de dineros del Estado provincial, subsidios para obras y partidas públicas con cargos de rendición”.
Cabañas informó que hay una decena de familias que figura en la documentación del Ministerio de Desarrollo Social como adjudicataria de una vivienda, cuyo valor actualizado ascendería a $ 10.500.000.
A continuación, enumeró las familias afectadas. “Olga Beatriz Gallo, Raúl Eduardo Godoy, Julia Griselda Soria, Daniel Alejandro Serrano, Débora Johana Bravo, Paula Francisca Rodríguez, Jobhana Maité Vizgarra, Teresita Chávez, Agustina Carla Gómez y Gladys Verónica Toloza”.
El abogado señaló que el común denominador de estas familias es que están constituidas por personas discapacitadas, un jefe de familia postrado resultado de ACV, y de muy bajos recursos.
Profundizó que hubo relevamientos, “pero al día de hoy las familias continúan residiendo en precariedad, a pesar de que el Estado provincial envió los fondos correspondientes asumiendo que les fue edificada su vivienda social”.
OTRO CASO
Un nuevo escándalo sacude a una comisión municipal del interior de Santiago del Estero y vuelve a poner en debate la transparencia en la gestión de fondos públicos. El excomisionado de Brea Pozo, Juan Manuel Ibáñez, fue denunciado por presunta defraudación, desvío de fondos y libramiento de cheques sin respaldo, en una causa que ya alcanza cifras millonarias.
Según la presentación judicial impulsada por el abogado Lucas Cabañas, las maniobras investigadas rondarían los $544 millones. De ese total, $364 millones corresponderían a cheques sin fondos emitidos en el marco de operaciones comerciales, mientras que otros $180 millones estarían vinculados al presunto desvío de partidas destinadas a la construcción de viviendas sociales.
La denuncia también involucra al extesorero de la gestión, Carlos Saavedra, y no se descarta que la causa avance hacia figuras penales más complejas como asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y malversación de fondos.
Uno de los denunciantes, el empresario Facundo Quiroga, aseguró haber realizado trabajos para la comuna entre junio de 2025 y febrero de 2026, por los cuales recibió cheques que luego fueron rechazados por falta de fondos. A pesar de los reiterados reclamos, nunca obtuvo respuesta.
En paralelo, otro comerciante tucumano, José Agustín Claps, inició una demanda civil por una deuda superior a los $112 millones, solicitando incluso el embargo e inhibición de bienes del exfuncionario.
Fondos para viviendas, bajo sospecha
Uno de los aspectos más sensibles de la investigación apunta al destino de recursos enviados para la construcción de viviendas sociales. Según trascendió, se habrían girado fondos para la ejecución de al menos 18 unidades habitacionales que, hasta el momento, no fueron edificadas.
Esta situación afecta directamente a familias que ya estaban inscriptas como beneficiarias y que hoy continúan esperando respuestas, en un contexto social complejo donde el acceso a la vivienda es una de las principales demandas.
Un problema que se repite en el interior
El caso de Brea Pozo no sería un hecho aislado. En los últimos años, distintos episodios protagonizados por comisionados municipales de otras localidades santiagueñas han generado un fuerte deterioro en la confianza de los vecinos hacia sus autoridades.
Denuncias por manejos irregulares de fondos, obras inconclusas y falta de rendición de cuentas han marcado una preocupante tendencia que hoy vuelve a quedar expuesta con esta causa.
Fuentes judiciales indicaron que existiría una línea de investigación más amplia, orientada a detectar patrones comunes en la administración de recursos en distintas comisiones municipales, lo que podría derivar en procesos unificados.
Impacto social y reclamo de transparencia
Más allá de las responsabilidades penales que deberá determinar la Justicia, el impacto social de estos hechos es profundo. La presunta utilización indebida de fondos públicos no solo compromete el desarrollo de las comunidades, sino que también erosiona el vínculo de confianza entre los vecinos y sus representantes.
En localidades pequeñas, donde la cercanía entre autoridades y ciudadanos es mayor, este tipo de situaciones genera un fuerte sentimiento de decepción y desamparo.
Mientras avanza la investigación, la comunidad de Brea Pozo y otras localidades del interior aguardan respuestas concretas y, sobre todo, garantías de que los recursos públicos serán administrados con la transparencia que la sociedad exige.