Abogado ambientalista: “Vamos a denunciar a una senadora que tiene una consultora que asesora a una minera”
La reforma de la Ley de Glaciares empezó a discutirse este miércoles 25 de marzo en la Cámara de Diputados en un escenario atravesado por tensiones políticas, cuestionamientos sobre su validez y advertencias de judicialización. La audiencia pública, convocada como paso previo al tratamiento legislativo, quedó desde el inicio bajo sospecha tras una impugnación formal presentada por legisladores de distintos bloques.
El debate se abrió con cruces en la sala, modificaciones en las condiciones de exposición y reclamos por la participación ciudadana. De los más de 105.000 inscriptos, apenas unos 360 podrán tomar la palabra, en un esquema que además redujo el tiempo de intervención de cinco a cuatro minutos. En paralelo, organizaciones socioambientales se movilizaron en las inmediaciones del Congreso para denunciar un proceso que consideran restrictivo.
La iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei ya cuenta con media sanción del Senado, donde avanzó en febrero con un trámite rápido. Ahora, en Diputados, enfrenta un escenario más fragmentado y con mayor nivel de conflicto político.
La oposición pidió una impugnación
El principal foco de tensión se concentró en la impugnación presentada por diputados de distintos espacios, entre ellos Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva y Pablo Juliano, quienes cuestionaron la validez de la audiencia pública.
En el documento, los legisladores sostuvieron que el esquema adoptado restringe la participación ciudadana y vulnera normas como la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. También señalaron la falta de criterios transparentes para seleccionar expositores y las modificaciones introducidas una vez iniciado el proceso.
“Más de 100.000 personas se inscribieron para opinar, pero se redujo al 0,3%”, advirtió Ferraro, quien planteó que la audiencia “perdió su sentido” y dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia.
Desde el oficialismo, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, defendió el procedimiento y afirmó que “se ajusta a derecho”, en línea con el rechazo previo de medidas cautelares que buscaban frenar la convocatoria. Sin embargo, reconoció que la impugnación será incorporada al expediente.
Momentos de tensión en la audiencia
El inicio de la audiencia también estuvo marcado por episodios de tensión dentro y fuera del Congreso. En uno de los momentos más visibles, la diputada Selva se levantó de su banca para entregarle a Mayoraz el texto de la impugnación, en medio de cuestionamientos por la falta de información sobre su tratamiento.
A la par, se registraron reclamos por la exclusión de participantes que estaban inscriptos y confirmados, lo que elevó el nivel de confrontación en la sala. Según pudo saber PERFIL, incluso hubo un cruce que debió ser contenido entre el diputado libertario Sebastián Pareja y el sindicalista Mario “Paco” Manrique.
El conflicto se extendió a la calle. Organizaciones socioambientales convocaron a una movilización frente al Congreso con la consigna “hacer fila hasta que nos dejen hablar”, en rechazo al esquema de participación. El operativo de seguridad desplegado en la zona reforzó el clima de tensión.
“Es una farsa”: críticas por la participación y el proceso
Las intervenciones más duras apuntaron directamente contra el formato de la audiencia. El abogado ambientalista Enrique Viale calificó la instancia como “una farsa de audiencia pública” y denunció un proceso sin debate real.
“Una audiencia que no tiene audiencia y no es pública. El 0,3% de los inscriptos va a hablar. Es una decepción institucional que erosiona la democracia”, afirmó. También cuestionó el operativo de seguridad y el recorte del debate: “La gente se comprometió, puso su nombre y su documento creyendo que iba a poder hablar”.
Viale fue más allá y vinculó la reforma con intereses económicos. “Le están entregando el agua para siempre a las grandes mineras. Esta ley está hecha a medida de las trasnacionales”, advirtió, al tiempo que reclamó extender el proceso y abrir instancias en todo el país.
En la misma línea, la exdiputada Marta Maffei, autora de la ley original sancionada en 2010, denunció que la audiencia busca legitimar un retroceso en materia ambiental. “Es una farsa con pretensiones de audiencia pública”, afirmó.
Maffei recordó que la norma vigente fue construida con participación de científicos y comunidades, y cuestionó el nuevo proyecto por violar principios constitucionales y tratados internacionales. “El artículo 41 establece presupuestos mínimos, no recomendaciones. Este proyecto no respeta nada”, sostuvo.
Más allá del procedimiento, la audiencia dejó expuesto el núcleo del conflicto: el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental.
El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel planteó que “desarrollo no significa explotación” y advirtió sobre “una violación sistemática del derecho del pueblo”, al tiempo que llamó a priorizar el agua como derecho humano.
Desde las provincias, las posturas reflejaron el mapa de intereses en juego. Funcionarios de La Pampa alertaron sobre el impacto en las cuencas hídricas y recordaron antecedentes como el conflicto por el río Atuel, mientras que representantes de San Juan defendieron la minería como motor de desarrollo y rechazaron una “falsa dicotomía” entre producción y ambiente.
En ese cruce, también se coló la discusión sobre el federalismo. Para Maffei, la reforma habilita una discrecionalidad que podría fragmentar la gestión del agua: “No hay federalismo si el agua la administra solo la provincia que está cerca del glaciar”.
Con dos jornadas de audiencia —la segunda de carácter virtual— y un escenario marcado por impugnaciones, protestas y advertencias judiciales, el tratamiento de la reforma en Diputados quedó abierto. El debate recién empieza, pero ya anticipa un recorrido que excede el recinto.