El 62% de los argentinos cree que el sistema laboral actual no genera empleo formal
La opinión pública argentina atraviesa un punto de inflexión en materia laboral. Según el Relevamiento Nacional sobre Cuestiones Laborales 2025, el 62,5% de los argentinos considera que el marco vigente no favorece la creación de empleo formal, y el 58,3% sostiene que el país necesita una reforma laboral. Pero ese apoyo no implica resignación ni consenso total: predomina la idea de que el sistema actual está agotado, aunque la población teme que los cambios se traduzcan en pérdida de derechos.
El estudio revela un diagnóstico social de malestar e incertidumbre. El 75,8% califica negativamente la situación del empleo y el 61,8% evalúa como mala o muy mala la economía nacional. En otras palabras, el problema no es solo de empleo efectivo, sino de confianza en la estabilidad y calidad del trabajo existente. La crisis es, sobre todo, una crisis de expectativas: el mercado laboral ya no garantiza previsibilidad ni progreso.
El relevamiento también muestra una fractura conceptual entre sectores. Entre los trabajadores, “reforma” se asocia con pérdida de derechos, flexibilización y riesgo; entre los empresarios, con modernización, blanqueo y creación de empleo. Esa brecha revela dos visiones contrapuestas sobre el futuro del trabajo: una que defiende la estabilidad individual como valor central, y otra que prioriza la sostenibilidad del sistema productivo y la competitividad frente a nuevas formas de empleo y tecnología.
A pesar de esa diferencia, el informe detecta un nuevo consenso pragmático: la mayoría acuerda en simplificar normas, reducir la litigiosidad y vincular incentivos fiscales con la creación de empleo formal. Estas coincidencias marcan el surgimiento de un enfoque de reforma funcional, no doctrinaria, que busca adaptar el sistema a los cambios tecnológicos y productivos sin desmantelar la estructura de protección social.
El estudio también indaga sobre el rol institucional en el proceso de reforma. El 23% de los encuestados cree que debe ser impulsada por el Congreso, el 22% indica que deben intervenir los sindicatos, el 21% por la ciudadanía y el 18% por el sector empresario. Esta distribución evidencia una exigencia transversal: ningún actor puede imponer cambios por sí solo. La población reclama un pacto institucional amplio, con representación de todos los sectores y equilibrio entre flexibilidad y tutela de derechos.
El relevamiento refleja, además, un cambio cultural en la noción misma de “protección”. Durante décadas, el sistema laboral argentino se legitimó como un mecanismo de defensa frente al riesgo y la desigualdad. Hoy, esa lógica se redefine: la protección ya no se mide solo por la estabilidad, sino por la capacidad de acceder y sostener empleo de calidad en contextos dinámicos.
El estudio concluye que el debate social ya trascendió la pregunta “si debe reformarse”. La discusión actual se centra en cómo hacerlo, bajo qué reglas y con qué actores. En ese sentido, el país parece ingresar a una etapa de revisión estructural del contrato laboral, donde la búsqueda de equilibrio entre modernización y justicia social se vuelve el núcleo del consenso posible.
Sobre el estudio
Los datos surgen del Relevamiento Nacional sobre Cuestiones Laborales, un relevamiento realizado por la Federación Económica de Santa Cruz, entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre de 2025. El relevamiento incluyó 1.276 casos válidos con cobertura nacional y fue realizado mediante un diseño muestral ponderado por región y edad según el último padrón electoral. La recolección de datos se efectuó a través de un cuestionario autoadministrado en línea (Google Forms), con difusión controlada y posterior depuración de duplicados y registros inválidos. Se aplicaron mecanismos de validación mediante variables externas y los resultados fueron ajustados para garantizar representatividad nacional. Los resultados no deben extrapolarse a niveles subnacionales sin la debida cautela metodológica.
Sobre la Federación Económica de Santa Cruz (FESC)
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