El Gobierno envió al Congreso la “ley hojarasca”, para derogar normas “obsoletas”
El Poder Ejecutivo envió este jueves al Congreso el proyecto denominado “Ley de Hojarasca”, que propone la derogación de unas 70 normas consideradas obsoletas, superfluas o incompatibles con la Constitución. La iniciativa es impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y ya había sido presentada en 2024, aunque perdió estado parlamentario sin ser tratada.
Según el Gobierno, el objetivo es depurar el sistema legal mediante la eliminación de regulaciones que, a su criterio, obstaculizan el funcionamiento del Estado y restringen actividades y derechos.
El nuevo envío retoma los fundamentos presentados en octubre del año pasado. El análisis abarca normativa dictada entre 1864 y la actualidad, y clasifica más de 80 leyes, decretos y artículos en seis categorías que justifican su derogación o modificación.
De acuerdo con el texto oficial, la acumulación de normas en desuso genera burocracia y costos adicionales para ciudadanos y empresas, y en algunos casos ha sido utilizada para limitar actividades legítimas, restringir libertades o establecer privilegios.
Los ejes de la “ley hojarasca”
- La eliminación de normas derogadas de hecho o reemplazadas por legislación más moderna, como la antigua ley de vacunación contra la viruela o la normativa sobre seguros agrícolas.
- La supresión de leyes desactualizadas por cambios tecnológicos o sociales, como las vinculadas a la microfilmación de documentos en las Fuerzas Armadas o la autorización de la televisión a color.
- La derogación de disposiciones consideradas contrarias a principios constitucionales, entre ellas las que penalizan la promoción de sanciones contra el país o habilitan la supervisión estatal de reuniones privadas.
- La revisión de normas que generan cargas burocráticas o crean organismos sin funcionamiento efectivo, así como requisitos administrativos considerados innecesarios.
- La eliminación de disposiciones vinculadas a organismos ya disueltos o procesos extinguidos.
- La quita de financiamiento estatal a entidades sectoriales, que deberán sostenerse con recursos propios.
El proyecto también menciona casos puntuales para ilustrar el alcance de la iniciativa. Entre ellos, la eliminación de regulaciones sobre premios en salas de cine cuyo costo operativo supera el beneficio, así como normas que aún contemplan sanciones o prácticas sin vigencia efectiva.
Asimismo, propone derogar disposiciones que establecen beneficios o requisitos considerados anacrónicos, como la exigencia de un carnet para viajar como mochilero, permisos especiales de circulación para legisladores o regulaciones sobre contenidos en medios de comunicación.
Según el Ejecutivo, la iniciativa apunta a simplificar el marco normativo y reducir la intervención estatal en ámbitos donde considera que ya no resulta necesaria.