ARA San Juan: arrancan testimoniales clave en Río Gallegos y crece la disputa en Casación
Desde este lunes, el juicio por el hundimiento del submarino entra en una fase técnica con declaraciones de expertos y testigos. En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver si habilita la participación de cuatro fiscales en el proceso, tras un planteo del Ministerio Público.
Las audiencias por el hundimiento del ARA San Juan se reanudan este lunes en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos, con el inicio de una etapa centrada en testimonios técnicos y periciales. El debate continuará hasta el jueves, con la previsión de cinco testigos por jornada bajo la conducción de los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez.
El proceso, que comenzó el 6 de marzo, busca establecer responsabilidades penales por la tragedia del 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, donde murieron 44 tripulantes. Los imputados son Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, todos exintegrantes de la Armada Argentina con funciones clave en la estructura de mando al momento del último viaje.
La acusación está en manos del Ministerio Público Fiscal, con un equipo integrado por Lucas Colla, Julio Zárate, Gastón Franco Pruzán y María Garmendia Orueta. También intervienen dos querellas que representan a familiares de las víctimas, encabezadas por Valeria Carreras y Luis Alberto Tagliapietra, este último padre de uno de los tripulantes fallecidos.
El eje del juicio apunta a determinar si el submarino estaba en condiciones de navegar cuando inició su última misión, en el marco de una orden del Comando de la Fuerza de Submarinos para tareas de adiestramiento y patrullaje. A la par, se analiza si existieron omisiones o incumplimientos en la cadena de decisiones que puedan tener relevancia penal.
En esta nueva fase, el foco estará puesto en aspectos técnicos. Se espera que los especialistas reconstruyan el funcionamiento del buque, los manuales operativos, la cadena de mando y las condiciones de seguridad. También se abordarán temas como el estado de navegabilidad, la reparación de media vida finalizada en 2014 con pruebas pendientes, los protocolos previos a zarpar y las navegaciones anteriores.
Entre los puntos que podrían surgir aparece la válvula E-19, señalada como posible vía de ingreso de agua, su rol en el sistema de ventilación y el uso que le dio el comandante Pedro Fernández en un viaje previo. Según consta en la causa, hubo un ingreso de agua de mar en el sector de baterías de proa que provocó un cortocircuito y un principio de incendio, que la tripulación logró controlar.
Tras ese episodio, Claudio Villamide ordenó cancelar la patrulla y dispuso el regreso a la Base Naval Mar del Plata. Luego, Pedro Fernández informó que la nave operaba en “circuito dividido” y evaluaba sumergirse para revisar las baterías. Todo esto ocurrió en condiciones climáticas adversas, con olas de entre seis y diez metros.
La última comunicación dio paso a un silencio total. Tres horas más tarde, a las 10:51 del mismo día, estaciones de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares registraron “un evento anómalo singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión” en la zona donde un año después se hallaron los restos del submarino.
Los acusadores sostienen que hubo incumplimiento de deberes de funcionario público, omisiones y un estrago culposo agravado por el resultado de muerte. La investigación inicial estuvo a cargo de la jueza Marta Yáñez, con intervención de los fiscales Lucas Colla y María Garmendia Orueta, y sumó declaraciones de figuras como Mauricio Macri, Marcos Peña, Marcelo Eduardo Hipólito Srur y Oscar Aguad. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó los procesamientos de los imputados y sobreseyó a otros oficiales.
En contraste, los acusados rechazaron los cargos. Claudio Villamide aseguró “los cargos que se me hacen son injustos, son falsos y yo soy inocente” y sostuvo que el submarino cumplía con los requisitos reglamentarios. También remarcó “la realidad es que no sabemos qué pasó”. En la misma línea, López Mazzeo negó todas las imputaciones, Alonso cuestionó el uso de un reglamento desactualizado y Correa también rechazó las acusaciones.
Las defensas sostienen que la unidad estaba en condiciones operativas al momento de zarpar y que no hay pericias concluyentes que determinen la causa del hundimiento ni un nexo directo con las supuestas irregularidades. En ese sentido, destacan el cumplimiento de protocolos como las pruebas de 48 horas y el Índice de Calificación del Estado del Material.
En paralelo al desarrollo del juicio, se abrió una disputa procesal por la intervención del Ministerio Público. El Tribunal Oral había limitado la participación a dos fiscales, pese a que el procurador interino Eduardo Casal había dispuesto un equipo de cuatro. El argumento fue evitar posibles nulidades por la dinámica del debate.
El planteo fue rechazado en primera instancia, pero los fiscales recurrieron en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal. La semana pasada, la Sala IV, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hizo lugar al reclamo y habilitó el tratamiento del recurso al considerar que los agravios tenían carácter federal y estaban razonablemente fundados.
De esta manera, el máximo tribunal penal deberá resolver si la limitación impuesta es válida, en una discusión que avanza en paralelo a un juicio que prevé la declaración de casi un centenar de testigos, tanto de forma presencial en Río Gallegos como a través de instancias virtuales.