El Gobierno apura nueva Ley de Financiamiento Universitario, a la espera de una definición judicial

El Ejecutivo busca negociar modificaciones a la norma que fue promulgada el año pasado, pero que nunca aplicaron. En medio de críticas del sector, la Cámara Federal está hace casi dos semanas en situación de resolver la cautelar contra la demora en la aplicación de la ley.

El Gobierno nacional busca apurar una nueva Ley de Financiamiento Universitario, a pesar de que nunca cumplió la que fue sancionada por el Congreso el año pasado. Mientras la Cámara Federal está hace casi dos semanas en situación de resolver la cautelar presentada por la no aplicación de la norma, el oficialismo aplicaría algunas modificaciones para intentar convencer a las universidades.

El Ejecutivo envió la semana pasada una iniciativa que busca tratar en marzo, en el inicio del período de sesiones ordinarias. Las modificaciones más relevantes tienen que ver con el pago de los salarios de docentes y no docentes universitarios.

De acuerdo con la norma aprobada por el Congreso el año pasado, y que fue promulgada por el Gobierno nacional en octubre, el Estado debe pagar al menos todo lo perdido por IPC desde diciembre de 2023. El proyecto libertario se refiere únicamente a recomponer lo perdido en 2025 y no en 2024, y busca abonarlo en tres cuotas de 4,1% para recuperar el 12,3%: el 1° de marzo, el 1° de julio y el 1° de septiembre de este año.

Además, propone que el Estado nacional debe convocar a los gremios del sector a una negociación paritaria, al menos una vez cada tres meses, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación del Indec.

Lo cierto es que la iniciativa no fue bien recibida por la comunidad universitaria. Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU Histórica), pidieron que el Gobierno cumpla con la ley que ya fue aprobada y que no tenga modificaciones.

“Luchamos por ella en las calles y en las aulas. El Congreso Nacional la votó dos veces en 2024 y 2025, y la ratificó con más de 2/3 partes tras el veto presidencial”, señalaron desde la entidad y agregaron: “El gobierno nacional se niega a cumplirla hace cuatro meses. Esta actitud antidemocrática y antirepublicana es la que está dejando al sistema universitario en una situación de alto riesgo. El funcionamiento con normalidad ya no es una posibilidad real”.

Debido al incumplimiento del Gobierno, se presentó una cautelar para exigir que se cumpla la norma vigente, pero el Ejecutivo sigue dilatando los pagos. Sin embargo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal está desde el 12 de febrero pasado sin resolver la cautelar.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ratificaron que cualquier solución debe partir del cumplimiento efectivo de la ley actual. Desde algunas universidades están advirtiendo que el objetivo del Gobierno intenta quebrar el frente universitario y que solo propondrá una oferta presupuestaria mínima.

La Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (Unicen) presentó un comunicado para exigir la implementación de la norma y advirtieron sobre las consecuencias del recorte.

“Durante dos años, las universidades hemos advertido sobre el fuerte recorte que venimos sufriendo en nuestro financiamiento, de una magnitud que pone en riesgo su propio futuro y, en consecuencia, todo lo que la universidad pública representa para los argentinos”, señalaron en el escrito.

Por su parte, desde el Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), a partir de un informe realizado por el CIEN, evaluaron el impacto que tendría la reforma de la Ley de Financiamiento Universitario que presentó el gobierno.

“Para cumplir con la recomposición salarial y presupuestaria prevista por la Ley 27.795, sería necesario incrementar en 2026 al menos $3,1 billones las partidas destinadas a salarios, funcionamiento, hospitales universitarios y becas, equivalente al 2,1% del presupuesto nacional” destacó Lucas Nieto Catania, economista del CIEN.

“Básicamente el proyecto da por tierra con toda la deuda salarial que el gobierno contrajo con los docentes y no docentes en el año 2024 y 2025, sobre todo 2024, que fue el momento de mayor pérdida salarial producto de la devaluación que provocó Milei, y ofrecernos como contrapartida solo un 12% a pagar en tres cuotas cuando la ley vigente establece un piso del 50% de recomposición que sería lo que necesitaríamos para volver al poder adquisitivo del año 2023”, señaló por su parte Pablo Perazzi, Secretario General de FEDUBA.