Elevan a juicio la causa por el millonario fraude a la ex AFIP
En total son 24 los acusados de, a través de una facturas truchas para evitar pagar impuestos, perjudicar al Estado nacional en más de $800 millones.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero juzgará a 24 personas acusadas de integrar una compleja organización dedicada a la evasión impositiva mediante la utilización de facturas apócrifas, maniobra que habría generado un perjuicio superior a los 800 millones de pesos al Estado Nacional.
La decisión se concretó luego de que se hiciera lugar al pedido de elevación a juicio formulado por el fiscal federal Pedro Eugenio Simón y el auxiliar fiscal Pedro Martín Basbus Turk, ambos de la Fiscalía Federal N°1 de Santiago del Estero.
De acuerdo con la investigación, el contador público nacional Carlos Gustavo Coronel Medina fue identificado como el jefe y organizador del entramado delictivo que operó entre 2016 y 2018. Según la acusación, Coronel Medina habría articulado una red de 22 usinas —personas humanas o jurídicas inscriptas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— que emitían facturas por servicios no prestados o productos inexistentes. Estas facturas eran utilizadas por distintos contribuyentes para simular gastos o compras y, de ese modo, reducir de forma fraudulenta el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias. Las denominadas “usinas” figuran en la base de datos e-Apoc del organismo fiscal, destinada a identificar a los emisores de comprobantes apócrifos.
Implicados
En el expediente también se encuentran imputados tres integrantes de la Agencia Santiago del Estero de la Dirección General Impositiva (DGI-ARCA): María Patricia Godoy, Luis Alberto Fincatti —actualmente jubilado— y Manuel Alejandro Azar, quienes habrían facilitado la operatoria a cambio de beneficios indebidos.
Además, fueron procesados los titulares de las usinas, una secretaria del estudio contable de Coronel Medina y varios colaboradores que habrían contribuido al armado, emisión y circulación de los comprobantes falsos.
La causa fue calificada de asociación ilícita tributaria, evasión tributaria agravada por utilización de facturas falsas, cohecho y defraudación en perjuicio de la administración pública. El Ministerio Público Fiscal consideró acreditado que los imputados conformaron una estructura organizada y sostenida en el tiempo con el propósito de evadir tributos nacionales a gran escala.
Próximas instancias
Con la elevación a juicio, el expediente será analizado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, que deberá fijar fecha para el debate oral y público. En esa instancia intervendrá la Fiscalía ante el Tribunal Oral Federal, encargada de sostener la acusación y presentar las pruebas recolectadas durante la investigación. El proceso judicial busca determinar las responsabilidades penales de los 24 acusados y establecer el grado de perjuicio ocasionado a las arcas del Estado Nacional.
La identidad de cada uno de los imputados en la megacausa
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, integrado por los jueces Jorge Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Ana Carina Farías, será el encargado de llevar adelante el juicio oral contra 24 personas acusadas de integrar una asociación ilícita tributaria dedicada a la emisión y utilización de facturas apócrifas, maniobras que habrían ocasionado un perjuicio superior a los 800 millones de pesos al Estado Nacional.
Los imputados
Los 24 acusados que serán sometidos a juicio son:
Oscar Alfredo Ale, Daniel Marcelo Aparicio Lazarte, Luis Hernán Arce, Nélida Elizabeth Arce, Armando Alfredo Artaza, Sergio Rubén Auat, Manuel Alejandro Azar, María Guadalupe Colucci, Carlos Gustavo Coronel Medina, Gustavo Adolfo Depompa, Marcos Gabriel Dos Santos, Jorge David Ferreyra, Luis Alberto Fincatti, Oscar Franco Emilio Galván, María Patricia Godoy, Jorge Adolfo Gómez, María Beatriz González, Cristian Omar Gramajo, Daniel Eduardo Luna, Carlos Eduardo Méndez, Juan Carlos Saavedra, Fabián Alejandro Sagolpa, Ariel Exequiel Sayavedra y Luciana Ada Emilia Valdez.
Todos enfrentarán cargos por los delitos de asociación ilícita tributaria, evasión tributaria agravada por el uso de facturas falsas, cohecho y defraudación en perjuicio de la administración pública nacional.
Cabe señalar que tres personas – involucradas en un primer momento- fueron sobreseídas, según pudo saber este medio.
Un expediente voluminoso, peritajes y 4 maniobras ilícita
En un dictamen de más de 450 páginas, el fiscal federal Pedro Eugenio Simón hizo foco en el desarrollo de la investigación, donde relevaron los distintos aspectos tributarios y cómo se habrían llevado adelante los distintos delitos imputados.
“Se precisó la existencia de cuatro maniobras ilícitas: por un lado, la conformación de una organización criminal para permitir que terceros evadan impuestos nacionales, la efectiva evasión de estos impuestos y, por otro lado, la entrega de dádivas para que agentes de ARCA modifiquen la situación registral y fiscal de contribuyentes y la defraudación al Fisco Nacional”, explicaron en el requerimiento.
La investigación se inició el 5 de diciembre de 2019, luego de que la jefa interina de la Sección Penal Tributario de la entonces AFIP, Dirección Regional de Tucumán denunciara la existencia de una organización criminal que, a través de la emisión de comprobantes apócrifos, habrían evadido 800 millones de pesos.
A través de los peritajes telefónicos -realizados por el laboratorio de la Policía Federal (PFA), Dirección Regional Tucumán, y por oficiales de la Unidad Operativa Federal (UOF) de la PFA de Santiago del Estero– al celular del jefe de la organización se hallaron conversaciones entre éste y funcionarios del fisco nacional.